El Gobierno boliviano, liderado por el presidente Luis Arce, anunció un paquete de 11 medidas urgentes y 7 decretos supremos destinados a contrarrestar la especulación económica y proteger el bolsillo de los ciudadanos. La iniciativa busca garantizar el acceso a productos básicos y combustibles a precios asequibles, en un contexto de coyuntura electoral y presiones económicas externas.

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Una de las acciones más destacadas es la militarización de las fronteras, con el despliegue de 1.480 efectivos adicionales a los 400 ya existentes, para combatir el contrabando de productos esenciales hacia países vecinos. Esta medida busca asegurar que los alimentos y combustibles subsidiados por el Estado boliviano beneficien directamente a la población local.

En un esfuerzo por fortalecer la producción nacional, el Gobierno lanzará un programa quinquenal de Bs 350 millones para impulsar el rendimiento agrícola de maíz y arroz, dos pilares de la dieta boliviana. Adicionalmente, se destinarán Bs 22 millones en créditos blandos para pequeños productores avícolas, junto con la suspensión de aranceles a la importación de pollitos bebé e insumos avícolas hasta finales de 2025.

El suministro de combustibles, un tema sensible en la economía boliviana, será regularizado al 100% en el eje central del país a partir del 26 de mayo, extendiéndose progresivamente al resto del territorio. Esta medida busca poner fin a las largas filas y asegurar el acceso a diésel y gasolina a precios regulados.

Para evitar la especulación cambiaria, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 5399, que prohíbe a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) operar con activos virtuales. Esta decisión responde a acusaciones infundadas que vinculaban a la empresa estatal con operaciones especulativas que afectaban el valor del boliviano frente al dólar.

En su mensaje, el presidente Arce instó a la población a no dejarse llevar por provocaciones de actores políticos que buscan desestabilizar el país en medio de la coyuntura electoral. Subrayó el compromiso de su Gobierno de seguir trabajando para garantizar la estabilidad económica y proteger a las familias bolivianas de la especulación y el agio.

El Gobierno boliviano reafirma su compromiso de monitorear de cerca la situación económica y tomar medidas adicionales si fuera necesario para proteger el bienestar de la población y asegurar un desarrollo económico sostenible e inclusivo.

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